La globalización económica genera un proceso de concentración en la estructura de ingresos a nivel planetario, una agudización creciente de las desigualdades en la distribución universal de los bienes, una marcada estrategia de exclusión social y falta de oportunidades para países periféricos y una inequidad manifiesta en la distribución espacial del ingreso. No es casualidad que 1 por ciento de la población tenga los ingresos equivalentes al 99 por ciento restante, o que ocho ricos concentren la misma cantidad de ingresos que 3600 millones de pobres.

No es casualidad que los paraísos o guaridas fiscales alberguen casi 10 billones de dólares; es decir, más del 13 por ciento del PIB mundial producto de la evasión fiscal, del lavado de activos financieros y de maniobras ilícitas de un capitalismo predatorio y extractivo que acumula recursos en países centrales en base a guerras, invasiones, sistema financiero perverso y dominio de la opinión pública a través de monopolios comunicacionales.

Pero nos debe ocupar en forma prioritaria de reconstruir la base de representación popular de una sociedad democrática a través de la participación de los gobiernos locales, de la descentralización de las políticas públicas y de un rol activo de los vecinos cuya transformación de habitantes en ciudadanos permita defender derechos existentes y ampliar otros en el marco de la participación y de la transparencia.

 

Nuestra provincia debe inexorablemente asumir un primer compromiso de descentralización con el objeto de delegar en los gobiernos locales la gobernanza de áreas claves y estratégicas destinadas a mejorar la provisión de bienes públicos locales.

En este sentido, nuestra agenda de trabajo debe ser proactiva para cumplir las siguientes acciones:

1.  Los municipios deberían prestar los servicios de salud en materia de atención primaria (debe incluir vacunaciones, provisión de leche, control de madres embarazadas, control nutricional, programas de ingesta alimentaria, etc), administración de centros de salud pública y la articulación de sus redes, control de ambulancias en el ámbito de las ciudades y administración de hospitales  de menor complejidad.

2.  Los municipios deberían tener a su cargo el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios escolares en todos los niveles, como así también la administración de los recursos de cada institución educativa con el control de los consejos escolares y la participación de la comunidad educativa. La política educativa, salarial, la estructura curricular y la medición de los sistemas de formación docente y calidad educativa deben continuar en la órbita provincial.

3.  Los municipios deberían ejercer la responsabilidad de la seguridad pública mediante la administración de las comisarías, de su personal y de los patrulleros en forma conjunta con las guardias comunitarias en los casos en que funcionen actualmente. La provincia debería preservar la administración del sistema penitenciario conjuntamente con las direcciones regionales y la policía caminera en el marco de la aplicación de la ley 6971 de seguridad democrática y de sus normas complementarias.

4.  Los municipios deberían ejercer mediante sus respectivos departamentos judiciales la administración de las contravenciones, los juzgados de paz y la administración de tribunales inferiores con sus respectivas instancias de policía judicial descentralizada. Si bien esta cuestión reviste complejidad, en la práctica requiere un análisis meticuloso que permita implementar el juicio por jurados y los sistemas de descentralización de la justicia en forma operativa en las jurisdicciones.

5.  Los municipios deberían administrar los diferentes registros provinciales en base a un sistema de consolidación de información centralizado pero con ejecución descentralizada para aumentar la eficiencia operativa y de gestión. Los diferentes registros incluyen la propiedad inmueble, el registro civil, el registro de catastro, y todo otro asunto registral factible de descentralización efectiva que puede contribuir a la mayor agilidad en los datos y en el acceso a la información.

6.  Los municipios deberían adoptar un modelo de fortalecimiento institucional con el objeto de garantizar la provisión de bienes públicos en escala para ejecutar obras de infraestructura pública que incluya la construcción y/o refacción de viviendas, la construcción de pavimento urbano y/o repavimentación, y el desarrollo de infraestructura hídrica necesaria para la sustentabilidad ambiental como así también la administración integral del sistema de alumbrado urbano.

 

Del mismo modo que la Nación debe descentralizar funciones en las provincias, las provincias deben descentralizar funciones en los municipios con las transferencias de recursos y control de mayor cercanía por parte de los vecinos.

Las viviendas, las rutas, los caminos, las obras hídricas de una jurisdicción deben ser ejecutadas por la misma jurisdicción. No puede ni debe ser ejecutada por la Nación que manipula las acciones en detrimento de la transparencia de métodos y procedimientos y deteriora la credibilidad y confianza en las instituciones republicanas y democráticas.

El gobierno nacional debe preocuparse por la provisión de bienes públicos nacionales e internacional como ser la seguridad internacional, la protección del ambiente, los derechos humanos, la estabilidad macroeconómica, el funcionamiento adecuado de las instituciones y la instrumentación de principios esenciales que reduzcan el riesgo moral, disminuyan los costos de transacción, promuevan sistemas de incentivos adecuados, garanticen la minimización de externalidades negativas y maximicen las positivas y corrijan sustancialmente las asimetrías de información.

La provisión de bienes públicos implica no exclusión, no rivalidad. Y esto es clave en materia de defensa nacional y otros bienes que por sus características lo expresan como ser la educación, la salud, la seguridad y la justicia a pesar de diferentes enfoques al respecto por parte de escuelas de pensamiento.

El gobierno nacional debe preocuparse por las relaciones internacionales, por abrir mercados, por representar genuinamente los intereses del país en una orientación geopolítica dentro del mundo global para garantizar el acceso de las tecnologías de información y comunicación a todos los habitantes protegiendo sus derechos y garantizado igualdad de oportunidades.

Un estado nacional grande, concentrado en la Capital Federal sin políticas públicas que corrijan las desigualdades existentes estigmatizan las asimetrías. Lo mismo ocurre con las provincias en detrimento de los pueblos y comunidades.

 

Es hora de jerarquizar la autonomía y cumplir con el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional reformada en 1994 respecto a las transferencias de servicios con sus correspondientes recursos.

En nuestra provincia es perfectamente posible hacerlo con responsabilidad fiscal y con una reforma de la ley de coparticipación municipal. Es particularmente cómodo hacerse cargo de pocas funciones y que el resto se encargue otro, pero no es bueno construir ciudadanía con debilidad institucional.

Propuse una reforma constitucional en base a tres principios: a) descentralización de la gestión pública, b) mayor calidad institucional y c) participación ciudadana. No cabe la menor duda que el tiempo es hoy. Es ahora.