El año pasado, bajo presión de la CGT y por temor a la conflictividad social que, según dicen desde el Gobierno, era azuzada por la oposición, Macri decidió la entrega de un bono que sirviera para calmar los ánimos y atenuar los efectos que la alta inflación había tenido sobre los ingresos de los que menos tienen. En total el desembolso fue por más de 5 mil millones de pesos, que alcanzaron a más de 7 millones de beneficiarios (4 millones por las AUH y 3 millones por jubilaciones y pensiones).

Sin embargo, fuentes del Gobierno consideran que “este año es distinta” la situación social y económica del país, ya que "no hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe". "Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016", explican. Como consecuencia de esta postura, los estatales también se quedarán sin ese plus en sus haberes, que el año pasado benefició a unos 130 mil empleados con sumas que oscilaron, según la categoría, entre los 2.000 y los 3.500 pesos.

A pesar de esto, y como parte de las negociaciones que se vienen desarrollando desde hace meses, el Gobierno dispuso la entrega de una suma fija y por única vez para las organizaciones sociales, que ascenderá a los 2.200 pesos, y que beneficiará a unos 400 mil trabajadores de la economía popular. En total, el desembolso del Gobierno alcanzará a los 900 millones de pesos, una suma que ya está contemplada en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley le presentó al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Por lo pronto, las organizaciones que recibirán este beneficio son la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC); las mismas que durante el próximo viernes marcharán hasta el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar que se declare la Emergencia Alimentaria a nivel nacional.