El ombudsman sostiene que estas expresiones deben ser objeto de investigación por parte de la fiscalía, ante la gravedad de la situación y para que los originantes de las declaraciones públicas (que se ofrecen como testigos) aporten el material que sustente sus afirmaciones y se curse el trámite que corresponda.

Gustavo Corregido recuerda que la estafa es un delito de acción pública, previsto y tipificado en el Articulo 172 SS y CC del código Penal de la Nación Argentina. Por ello, teniendo en cuenta que Secheep es un organismo del estado provincial, es función de la FIA promover, cuando considere conveniente, la investigación formal, legal y documental de la gestión general administrativa y de los hechos o actos que puedan ocasionar daños y perjuicios a la hacienda pública de esta provincia. La denuncia fue entregada a fiscal general subrogante, Susana Esper Méndez.

“Hay un estrépito social enorme por las denuncias de fraude de Secheep sin que tome intervención la Justicia, por ello busco que los autores que denuncian en los medios estos fraudes presenten las pruebas ante la fiscalía para que los funcionarios asuman sus responsabilidades”, explicó el defensor.

En la denuncia, Corregido presenta cinco publicaciones de notas en las que dirigentes políticos y actores sociales de la provincia declaran que la empresa comete una estafa y que “vende la energía al tripe del valor que la compra”. Ante esto, el defensor también pide que se libre oficio a la empresa SECHEEP para que informe en forma detallada y documentada las circunstancias denunciadas, específicamente en relación a las afirmaciones sobre la presunta estafa en las facturas de energía eléctrica.

Preocupado por la situación, Corregido solicita “que los actores políticos que denuncian fraude hace varias semanas por favor no demoren más en presentar las pruebas ante la FIA a partir de hoy, debido a las graves consecuencias que genera para los usuarios”. “Esperamos que los dirigentes y representantes sociales que tienen esas pruebas las lleven urgente en un acto de responsabilidad cívica y política”, concluyó el defensor.