Durante cuatro meses, la Fiscalía -como autoridad de aplicación de la normativa- hizo un análisis e investigación de toda la información entregada, cuyas conclusiones además de ser publicadas en la página web del organismo para el acceso ciudadano (www.fia.chaco.gov.ar), también fueron giradas a la Comisión de Seguimiento Legislativo de Juicio de Residencia, según lo que indica el artículo 11 de la Ley y el artículo 7 del Decreto Reglamentario.

La resolución de Oteo fue la primera en realizarse, dado que al igual que Churín renunciaron a su cargo antes del 10 de diciembre y entraron a correr los tiempos establecidos por la Ley, que sostiene que los funcionarios públicos, una vez concluido su mandato o producida la cesación en su cargo, están sujetos a rendir cuentas de su gestión, del destino de los fondos asignados por presupuesto y de la evolución de su patrimonio a partir de las declaraciones juradas de bienes personales.