El Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones oficializaron un nuevo protocolo para la detección temprana de casos de trata de personas en pasos fronterizos. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, actualiza las herramientas de prevención, investigación y asistencia a víctimas en todo el territorio.

El nuevo instrumento se aplicará en 237 pasos habilitados y busca reforzar la labor de las fuerzas federales en la detección de víctimas y la identificación de posibles tratantes. La actualización responde a la evolución y cambios en las modalidades de este delito, incorporando controles más estrictos sobre la documentación, la detección de adulteraciones, la presencia de menores y la observación de conductas que puedan indicar sometimiento.

El protocolo también establece pautas claras para que el personal sepa cómo intervenir en cada caso, cómo resguardar a las víctimas y cómo actuar frente a sospechosos, priorizando su seguridad y alejándolos de posibles captores.

Alcance y características del nuevo protocolo

Este documento reemplaza al aprobado en 2012 y se adapta a las dinámicas actuales de un delito considerado complejo, organizado y de alcance nacional e internacional. Fue elaborado de forma conjunta por organismos nacionales, fuerzas de seguridad y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del programa EUROFRONT.

Incluye indicadores y preguntas orientadoras para la identificación de víctimas y tratantes, con procedimientos especiales para situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes. También incorpora un anexo reservado con herramientas y métodos operativos para garantizar la eficacia de las acciones y la seguridad de todos los intervinientes.

La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual y la Dirección Nacional de Migraciones serán las encargadas de supervisar su implementación y actualización. El texto oficial subraya que la prevención de la trata, la protección de las víctimas y la persecución de los responsables forman parte de una política de Estado respaldada por tratados internacionales y legislación nacional vigente.