El sistema universitario público argentino se encuentra al borde de una profunda crisis que amenaza la continuidad del segundo cuatrimestre, según una reciente y enfática declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La falta de respuestas concretas y soluciones por parte del gobierno nacional ante la precaria situación económica y salarial que atraviesan las universidades ha encendido las alarmas en un sector que forma a más de 2.5 millones de estudiantes en todo el país.

La preocupación central del CIN radica en la significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, estimada en un 35% según datos del propio ministerio. Esta erosión salarial ya ha provocado la desvinculación de aproximadamente 10.000 docentes calificados y con amplia experiencia, un hecho que, aunque se intenta mitigar con reemplazos, impacta negativamente en la calidad y excelencia educativa, dado el valor del recurso humano formado durante años. A esto se suma la ausencia de financiamiento para nuevas carreras y la interrupción de transferencias de fondos que ya estaban previstas.

El CIN lamenta que, en lugar de abordar de manera formal la nota elevada por los canales institucionales, el gobierno haya optado por desviar la discusión y poner en tela de juicio la deserción docente. Aunque las autoridades ministeriales reconocen poseer información detallada sobre el personal docente y no docente, hasta el momento no se han implementado medidas efectivas para revertir la situación.

Si bien el documento emitido por el ministerio concuerda con los principios del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que recibió dictamen favorable en la Cámara de Diputados, el CIN ha expresado su preferencia por una convocatoria al diálogo constructivo en lugar de respuestas a través de redes sociales. La disposición al diálogo por parte de las universidades es permanente, pero se insiste en la urgencia de obtener respuestas concretas que garanticen el normal funcionamiento de las instituciones. La gravedad de la situación es tal que, según el CIN, "el futuro de la nación está en juego" si no se toman acciones decisivas para salvaguardar la educación superior pública.