El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva al expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos a través de Nación Seguros. La medida incluye un embargo de $14.634 millones sobre los bienes del exmandatario.

El fallo sostiene que, durante su mandato, Fernández impulsó un esquema que centralizó la contratación de seguros en una sola empresa estatal mediante el decreto 823/2021. Esa normativa obligó a todos los entes del Estado nacional a operar exclusivamente con Nación Seguros, lo que habilitó un sistema de intermediación dirigido por brókers privados con vínculos directos con el entorno presidencial.

Un circuito millonario de comisiones

Entre 2020 y 2023, Nación Seguros abonó comisiones por más de $3.360 millones. Casi el 60% de ese monto fue a parar al grupo liderado por Héctor Martínez Sosa, titular de una firma del sector, amigo personal del expresidente y esposo de su entonces secretaria, María Cantero. Ambos también fueron procesados por Casanello junto al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otras 33 personas.

El juzgado determinó que el grupo encabezado por Martínez Sosa funcionó como núcleo organizador de otros intermediarios. Las firmas asociadas pasaron de percibir comisiones mínimas antes de 2019 a cifras que crecieron de forma exponencial a partir del segundo año de gestión del Frente de Todos. La compañía principal, por ejemplo, recibió solo $151.000 entre 2017 y 2019, pero en 2022 y 2023 concentró pagos por más de $385 millones.

Diseño de una "estructura criminal"

La resolución judicial de 400 páginas describe la existencia de una "estructura criminal" orientada al direccionamiento de contratos, con reparto de pólizas, uso de productores master y participación de cooperativas utilizadas como pantalla financiera.

En paralelo, se identificó un patrón de intervención de empresas coaseguradoras seleccionadas, con operaciones específicas dentro de la ANSES por cifras que superan los $3.300 millones.

El juez señaló que Fernández no solo conocía el entramado, sino que adoptó decisiones administrativas que facilitaron su implementación. A su vez, destacó el rol clave de Cantero, quien desde su cargo como secretaria privada del Presidente habría gestionado reuniones y vínculos con organismos públicos, articulando en favor de los intereses de su pareja y del grupo empresario.

Avances de la instrucción y prueba documental

La causa fue iniciada por el juez Julián Ercolini y pasó a manos de Casanello este año. El nuevo magistrado amplió la investigación tras incorporar un informe técnico elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se detalló el flujo de fondos y las relaciones entre los intermediarios y funcionarios públicos. A partir de esa información, se profundizó la línea de investigación sobre el uso de recursos públicos con fines privados.

La evidencia también incluyó comunicaciones, reuniones, registros telefónicos, fotografías, pagos informales y entrega de obsequios, lo que consolidó para el juez un escenario de "confusión de intereses", contrario a los principios de transparencia que exige el ejercicio de la función pública. Según Casanello, Fernández generó una situación de riesgo institucional y "habilitó con sus decisiones" el accionar irregular de su entorno más cercano.