La nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanza a paso firme y, según fuentes oficiales que trabajan en el pliego, el proceso concluirá con la publicación de la documentación técnica hacia octubre o noviembre, con la intención de adjudicar el contrato en el primer semestre de 2026. “Queremos sacar este contrato cuanto antes para trasladarlo al sector privado, a riesgo empresario, y bajarle el costo logístico a los productores argentinos”, resumieron.

El corredor fluvial, que abarca más de 1.200 kilómetros desde Confluencia hasta el Océano Atlántico, es clave para la competitividad exportadora: por allí circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites, lo que representa cerca de u$s28.000 millones anuales en comercio exterior agroindustrial.

El nuevo llamado buscará dejar atrás el fallido proceso anterior, anulado en febrero tras denuncias por falta de transparencia. Esta vez, aseguran, cada paso estará auditado por la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, en el marco de un convenio ya firmado en la gestión de Mauricio Macri. “Pedimos que nos fiscalicen desde las mesas participativas hasta la adjudicación. Queremos blindar este proceso frente a cualquier operación política o empresarial”, remarcaron.

Mesas de trabajo y auditoría internacional

El rediseño de los pliegos se trabaja en una serie de mesas técnicas que ya se realizaron en CABA, Santa Fe y Rosario, y que continuarán en julio en Paraná y luego en Chaco o Corrientes. En cada encuentro participan entre 80 y 100 representantes de provincias, puertos públicos y privados, agroexportadores, armadores, universidades, cámaras de prácticos y usuarios de la vía.

“En esta etapa todos opinan sobre el contenido concreto del pliego. Ya no se discute en abstracto. Eso permite sumar aportes específicos y generar consensos sin arbitrariedades”, explicaron. A diferencia de la versión anterior, ahora se apunta a cerrar todos los temas sensibles antes del llamado formal, para evitar impugnaciones posteriores.

Uno de los debates técnicos más avanzados se centra en los anchos de canal y las zonas de sobrepaso. La Cámara de Prácticos, junto con otros actores, presentó un extenso informe con kilómetro por kilómetro donde proponen obras puntuales. “Nos marcan problemas en zonas específicas donde la sedimentación complica el flujo. Ya no se habla de problemas genéricos, ahora es concreto, técnico y verificable”, señalaron.

Exclusión a empresas estatales y control privado total

El nuevo pliego mantendrá la cláusula que impide la participación de empresas con control estatal extranjero, lo que, de hecho, deja afuera a las dragadoras chinas. “No es contra nadie en particular, pero no vamos a permitir que un Estado extranjero controle nuestra vía navegable. Es una cuestión de jurisdicción y soberanía”, afirmaron.

Además, se confirmó que todo el esquema será 100% privado: quien cobre el peaje, quien haga el dragado y quien supervise el cumplimiento. “El Estado tiene que tener un rol de control activo, y lo vamos a ejercer armando una mesa de inspección con usuarios del río, prefectura, provincias y privados. Porque el que más sabe del río no está en una oficina, está arriba de una barcaza en plena navegación”, remarcaron.
Plazo menor, tope tarifario y deuda en revisión

Otro punto revisado es el plazo de concesión, que bajará de 30 a 20 años. La definición responde a una lógica técnica: es el mínimo necesario para amortizar dragas nuevas. “Menos de 20 años hubiera sido restrictivo para la participación, y 30 generaba rechazo. Con 20 se garantiza competencia y equilibrio”, indicaron.

En cuanto a la tarifa, se aplicará un tope que no podrá superar el costo actual, y se espera que las empresas compitan por debajo de ese valor. “De movida estamos hablando de una baja significativa. Pero además, si reducís tiempos de navegación con tecnología y mejores obras, el ahorro en logística es doble”, explicaron. “Un barco parado un día cuesta más que un peaje alto.”

La situación de la deuda de u$s78 millones con Jan de Nul, que originalmente debía asumir el nuevo adjudicatario, sigue sin definición. Actualmente está a cargo de la AGP, y se está evaluando una alternativa que no genere ventajas ni barreras. “Cada mes esa deuda se va pagando. Vamos a llegar con un monto menor y estamos trabajando para que no sea una restricción de acceso ni una ventaja para nadie”, afirmaron.