El fiscal federal Patricio Sabadini, a través de la Fiscalía, solicitó la elevación parcial a juicio de una causa por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación al Estado que involucra a Ramón “Tito” López, su esposa Librada Romero, sus hijos Walter, David y Daniel López, y su nuera Devora Acosta. El grupo está acusado de integrar una organización que habría blanqueado millonarios fondos públicos a través de fundaciones, testaferros y adquisiciones de bienes rurales y urbanos.

Según la investigación, los acusados no tienen ingresos formales que justifiquen su ostentoso nivel de vida, que incluye propiedades, vehículos de alta gama, estancias, cabezas de ganado y viajes internacionales. En una entrevista, “Tito” López llegó a declarar que posee un capital de $1.600 millones, 326 terneros y un campo recientemente adquirido por USD 200.000.

La causa está centrada en el lavado de dinero proveniente de delitos contra la administración pública, a través del uso de tres fundaciones vinculadas a la familia: Dueños de la Raza, Buen Vivir y Trabajo y Construyendo País, que habrían facturado al Estado provincial —en particular al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP)— sin tener empleados ni registrar bienes o gastos consistentes.

Campos, tractores, ganado y cuentas en efectivo
Entre los bienes registrados figuran campos por más de 3.000 hectáreas, varias viviendas, vehículos, maquinarias agrícolas y más de 700 cabezas de ganado. En el establecimiento rural “El Timbó”, supuestamente usurpado, la Gendarmería secuestró animales, tractores, dinero en efectivo por más de 37.000 dólares, 1,8 millones de pesos y 4.900 reales, además de elementos para producción ganadera.

Parte de las tierras entregadas por el Estado tenían restricciones de venta por 10 años, pero habrían sido revendidas ilegalmente mediante contratos de leasing a particulares, generando ganancias ilícitas encubiertas.

Fondos públicos y vínculos políticos

La Fiscalía sostiene que esta red se habría beneficiado de la connivencia de funcionarios públicos, especialmente en la adjudicación de tierras fiscales y contrataciones a través del IAFEP. De hecho, el organismo fue intervenido por el Gobierno del Chaco en 2023 y se solicitó su cierre ante las irregularidades detectadas.

La familia López también habría usado las cuentas bancarias de las fundaciones para retirar en efectivo los fondos públicos transferidos, dificultando así el seguimiento del dinero.

Próximo paso: el juicio

La causa, iniciada en 2020, ya cuenta con pruebas documentales, testimonios, informes de AFIP, Migraciones, Dirección de Propiedad Inmueble y pericias de Gendarmería. La Fiscalía considera acreditado un esquema sistemático de blanqueo de dinero en perjuicio del erario público.

La decisión ahora está en manos del Juzgado Federal, que deberá determinar si los acusados enfrentan juicio oral por los graves delitos que se les imputan.