Desde Somos Monte Chaco celebramos la decisión de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativa del Chaco, integrada por dos juezas que han dictado sentencia y han hecho lugar a una medida cautelar innovativa presentada por Conciencia Solidaria, ordenando así la suspensión de todos permisos de aprovechamiento y/o cambio de uso de suelo hasta tanto que no se subsanen las graves irregularidades administrativas que denunciamos.

Llegar al extremo del cese de actividades es el resultado del accionar torpe, irresponsable e inconsciente de las autoridades de la Oficina de Bosques durante estos últimos años.

Las complicaciones que surgirán por el paro temporario de los permisos, se hubieran evitado si las autoridades provinciales hubieran tomado en serio los avisos que con extremada paciencia y en distintos ámbitos le hemos acercado.

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pilar fundamental de la Ley de Bosques, se encuentra vencido en Chaco desde el 2014 y las autoridades no fueron capaces de organizar el proceso participativo para actualizarlo, con lo cual todos los permisos se encuentran hoy en un estado de discutida legalidad desde el punto de vista legal. La Provincia tenía obligación por ley de revisar su Ordenamiento Territorial cada 5 años. Ya pasaron 11 años desde el 2009 y nunca se revisó. Su importancia radica en el hecho que el ordenamiento reglamenta cuáles bosques pueden perderse y cuales deben mantenerse. Entonces es posible que bosques que 11 años atrás no eran tan importantes, hoy frente a la emergencia climática en que vivimos, lo sean.

En Chaco cada año se desmontan un promedio de 40.000 ha de bosques nativos, una superficie que equivale a más de 10 veces la ciudad de Resistencia. Esto significa que los desmontes que se autorizaron con un OTBN y un inventario forestal tan viejos podrían estar perjudicándonos. De hecho, la ciencia y las poblaciones rurales coinciden al reconocer que es consecuencia del extractivismo y el mal-uso de los bosques la aparición de incendios, pandemias y sequias cada vez más extremas, que se alternan con años de inundaciones también extremas.

Los responsables deben ser penados. Y el desmonte ilegal debe ser delito penal.

Asimismo, entendemos la preocupación del sector forestal y creemos que el Estado tiene el deber de solucionar los problemas que él mismo, con su inacción o accionar turbulento podría haber generado. En ningún caso las soluciones pueden ir en detrimiento de la salud y de los derechos a un ambiente sano de las familias campesinas criollas e indígenas que habitan nuestros bosques, ni en detrimento de la salud de 1.200.000 chaqueños. 

Creemos que esta es una gran oportunidad para que el Estado revise:

-              El accionar de autoridades estatales en estos últimos años. En particular los usos insustentables que la oficina de bosques ha aprobado como si fueran sustentables pese a que desde el Ministerio de Ambiente Nación y diferentes científicos y organizaciones se mostró que no lo son.

-              La informalidad y precariedad del sector forestal chaqueño, que en pocas décadas se quedará sin materia prima para su sustento. Especialmente esperamos que se investigue el posible trabajo precarizado, esclavo e infantil que podría estar asociado a malas prácticas forestales en la Provincia, así como la falta de inversiones, tecnología e innovación en el sector;

-              La distribución de la riqueza generada por la actividad forestal a lo largo de su cadena productiva, que hoy en cuanto a ganancias beneficia a pocos. Una cadena que, con complicidad del Estado, no da acceso a mercados transparentes y justos de la madera, contribuyendo a que los valores de las éstas, que están entre las mejores del mundo, sean mucho menores que podrían tener;

-              Las presiones que podrían haber ocurrido o estar ocurriendo en la Provincia del Chaco, que llevan a que las personas en áreas boscosas y rurales se vean presionadas a vender sus bosques, sus árboles, a precios irrisorios, mercadería o a cambio del reconocimiento de sus derechos a la tierra y el territorio que ocupan. Es posible que las personas en el bosque y en áreas rurales estén vendiendo sus árboles sin tener toda la información necesaria de las implicancias de tal procedimiento; quedando luego en situaciones climáticas extremas, sin forraje para sus animales, con problemas dentro y fuera de sus comunidades, entre otros. Problemas que se extienden a toda la sociedad chaqueña.

La sentencia de las Juezas, además, permite finalmente a todes lxs ciudadanxs acceder a la informacion sobre los permisos otorgados en estos años, información que es pública. Somos Monte hemos pedido esta información en reiteradas ocasiones a la Subsecretaria de Desarrollo Forestal y a la Dirección de Bosques y nos la han negado con excusas al límite del ridículo, pese a la ley de derecho al acceso de la información pública y la reciente ratificación por parte de Argentina al acuerdo de Escazú.

Finalmente, expresar que el actual modelo agroexportador solo lleva a que unxs pocxs concentren poder y que las comunidades pierdan sus bienes comunes y recursos por no tener otras opciones, que en realidad existen. Sabemos que hay experiencias de desarrollo verdadero y es urgente dirigir las políticas al mismo.

Es urgente que las políticas de estado garanticen el desarrollo y el arraigo rural y el fortalecimiento del manejo comunitario de bosques, fomentando la agroecologia, la diversificación productiva, la sustentabilidad y el acceso de todas las personas al comercio justo. Asimismo, las comunidades rurales deben tener el control participativo vinculante en el cumplimiento de las leyes y que sus derechos y no solo parcialmente sino de forma absoluta.