El Gobierno nacional dispuso actualizar a partir del 1 de abril el impuesto a los combustibles líquidos, equivalente al 5% del precio por litro que absorberán las refinadoras, y a la vez negocia con las petroleras y las provincias la vuelta a un esquema de barril criollo y de retenciones variables.

"Esta negociación tiene como premisa garantizar los puestos de trabajo y el nivel de producción en las provincias, pero además se pide garantizar que se incorporen fuertemente a las pymes a la cadena de producción de insumos", explicaron los voceros consultados.

Como primer acuerdo de ese diálogo, Gobierno y petroleras acordaron el "descongelamiento" del impuesto a los combustibles líquidos que es de actualización trimestral en base al Indice de Precios al Consumidor, y que por el acumulado de los últimos meses representará un 5% del precio por litro.

Las fuentes oficiales insistieron que el impacto de la actualización impositiva "no se trasladará al precio al público en surtidores, sino que lo absorberán las refinadoras de crudo, lo que significará $ 2,6 para el litro de nafta súper y $ 3 para la nafta premium, tomando como referencia los precios de YPF en la ciudad de Buenos Aires.

Para el Gobierno, este 5% de actualización del componente impositivo permite poner al día la evolución de este tributo que venía siendo prorrogado o aplicado parcialmente desde el segundo semestre de 2019 por el gobierno de Mauricio Macri y que la actual administración continuó para evitar su impacto inflacionario.

El diálogo con el sector de hidrocarburos, que comenzó a principios de mes cuando el precio del barril internacional empezó un raid descendente que lo llevó de US$ 55 a los actuales US$ 26 (en el caso del Brent), obligó a poner sobre la mesa otras dos cuestiones para la sostenibilidad de la actividad, el empleo y los ingresos fiscales.

En ese sentido, las fuentes explicaron que el Ministerio de Desarrollo Productivo está llevando adelante una negociación con todos los actores para establecer un "esquema de retención variable".

La ideas es que las retenciones a las exportaciones de crudo que se ubican en la actualidad en un 8% tras la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, "queden vinculadas a la evolución del precio internacional del crudo de manera de amortiguar las variaciones extraordinarias por motivos exógenos al mercado".

En este punto, las fuentes insistieron en que el acuerdo que se logre debe incluir un compromiso para sostener la producción y el empleo, además de potenciar a los proveedores locales, para lo cual el Estado nacional "opera como mediador para garantizar que el acuerdo de partes se cumpla".