La Cámara Nacional de Seguridad Social rechazó la apelación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza la ministra Carolina Stanley y confirmó, una vez más, la sentencia anterior que había ordenado al Estado Nacional restituir las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja por esa oficina. Los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, aseveraron que por tratarse de “derechos alimentarios e irrenunciables” esas pensiones deben ser restituidas.

La Cámara Nacional de la Seguridad Social, con la firma de los jueces Dorado y Herrero, rechazó la apelación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y confirmó la restitución de esta clase de pensiones no contributivas por tratarse de “derechos alimentarios e irrenunciables” de las personas con discapacidad.

En ese sentido, destacaron que esas “prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina fueron dadas de baja o suspendidas, sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo que incluya el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada”.

Incluso, aseguraron que si hubo “excesos en la concesión de estos beneficios no contributivos” como “lo denunciaron públicamente las autoridades a través de la prensa, lo cuestionable de la solución presumiblemente adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social para remediarlos sería el cese intempestivo o abrupto de los derechos prestacionales de la seguridad social adquiridos al amparo de la legislación vigente, sin intervención o conocimiento alguno por parte de sus titulares, lo cual vulneraría a todas luces –si ello resultara acreditado en la causa principal y así fuera declarado en la sentencia definitiva- las garantías de la defensa en juicio, el debido proceso legal, y la protección convencional y constitucional de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad”.

De todas maneras, uno de los puntos que más se discuten es el número indeterminado de pensiones, ya que el Estado no presentó la documentación completa de las pensiones dadas de baja, según la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad) que interpuso la demanda. Incluso, en septiembre, cuando salió un fallo de la Cámara vinculado a este tema, desde Desarrollo Social aseguraban que las pensiones dadas de baja habían sido 9.728 y ya habían sido restablecidas.

Sin embargo, para las asociaciones y abogados que defienden a los discapacitados dicen que superan las 170.000. En ese sentido, la abogada de la Asociación REDI, Vanina Suleiman, afirmó que la sentencia “es contundente al destacar que nuestro reclamo tiene un palmario fundamento constitucional y convencional. Miramos con cautela sus verdaderos efectos, ya que a la resistencia procesal que se evidencia en el expediente sumamos el insoslayable dato duro que surge de los hechos".

Y añadió: "Así, el proyecto de Presupuesto 2018 presenta una disminución de 38.000 pensiones en relación a 2017. Habrá que insistir en el Congreso para que se pida al Jefe de Gabinete una explicación acerca de la procedencia de los fondos para dar cumplimiento a la medida cautelar”. En tanto, Suleiman solicitó que los pensionados dados de baja se comuniquen para recibir asesoramiento gratuito en la asociación (www.redi.org.ar).