El Senado se reactivará esta semana para avanzar este miércoles con el proyecto de ley de discapacidad, que mantiene los principales beneficios establecidos en la ley de emergencia y que el oficialismo podrá sancionar entre el 19 y el 26 de noviembre.

La iniciativa se debatirá este miércoles a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que presiden el libertario Agustín Monteverde y la santacruceña peronista Alicia Kirchner, respectivamente.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará obtener dictamen del proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados con un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición, para avanzar con su sanción definitiva en la última sesión del período ordinario.

La aprobación de la ley es clave para que el Gobierno pueda responder al reclamo de los bloques aliados, que exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la ley de emergencia que la oposición logró sancionar el año pasado y que fue vetada por el presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se había opuesto a mantener ese esquema y, por ese motivo, incluyó artículos en el proyecto de Presupuesto 2027 que desataron un fuerte conflicto en la Cámara de Diputados.

El oficialismo logró superar ese escenario cuando impulsó, junto con sus aliados, una nueva iniciativa que conservó los principales ejes de la ley de emergencia.

El texto original del Presupuesto proponía eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores, derogar el mecanismo de actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre el cobro de pensiones y el empleo formal y regresar a un paradigma médico restringido a la invalidez laboral.

Sin embargo, la eliminación de esos artículos y la garantía de que se destinarán los recursos necesarios para cumplir con la nueva ley son algunas de las exigencias de los bloques opositores dialoguistas para acompañar el Presupuesto 2027.

La iniciativa también contó con promotoras dentro del oficialismo, especialmente dos diputadas cercanas a Bullrich: Laura Rodríguez Machado, quien encabezó parte de las negociaciones, y Silvana Giudici, una de las principales articuladoras de la estructura libertaria.

EL PROYECTO

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.

Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.