Después de aprobar el acuerdo de pago a fondos buitre a días de la fecha límite consensuada, Diputados debatió el régimen del Súper RIGI, la nueva herramienta con la que el Gobierno busca atraer inversiones. Ahora la propuesta deberá ser votada en el Senado.

El régimen ofrece concesiones impositivas y libre disponibilidad de divisas por 30 años a inversiones de "nuevas actividades económicas" de al menos u$s1.000 millones. En la última reunión de comisión que dictaminó el proyecto, el oficialismo consiguió respaldos incorporando un compromiso de inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total y un incentivo al financiamiento a la investigación y desarrollo (pedido por el MID); y la creación de un registro público de proyectos y la institucionalización de un proceso de evaluación antes de ejecutar la prórroga (solicitado por el PRO).

La aprobación fue con 130 votos a favor y 106 en contra (7 abstenciones). Junto al bloque libertario, votaron el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales (tucumanos, salteños, misioneros, neuquinos, santacruceños y sanjuaninos). Rechazarán la iniciativa Unión por la Patria, Provincias Unidas (radicales disidentes y cordobeses), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Las abstenciones provinieron de Arrieta, Capozzi, Núñez, Rizzotti, Zigarán (Provincias Unidas, que además tuvo cinco ausentes), Monguillot y Nóblega (Elijo Catamarca), legisladores que alternan entre apoyos y oposición al Gobierno.
Martín Matzkin juró como diputado nacional.

Como referencia de La Libertad Avanza, "Bertie" Benegas Lynch señaló que nadie debería oponerse a "un incentivo a grandes inversiones de nuevas industrias" y remarcó que "el capital va a donde hay negocios y hay seguridad institucional". Sin embargo, se refirió a las concesiones que ofrecieron a sus aliados para construir una mayoría: "Empezamos con esas cuestiones como la típica de 'tienen que reinvertir en la Argentina'. Ese discurso es justamente especial para que se las tomen (NdR: los potenciales inversores)".

La oposición reiteró el argumento de que muchos de los proyectos ya habían anuciando voluntad de invertir en la Argentina sin las condiciones del Súper RIGI. El miembro informante de Unión por la Patria, Mario Manrique, consideró que no se trata de un proyecto de ley sino "un negociado entre particulares". "Necesitamos las inversiones y no estamos en contra del capital, lo que no podemos permitir que se le den tantos beneficios a inversores que no sabemos qué actividades van a venir a desarrollar, en detrimento a los que ya hace muchísimos años producen y dan trabajo de calidad en la Argentina", resaltó.

La jornada también contó con la jura del pampeano Martín Matzkin como diputado nacional de La Libertad Avanza, en reemplazo de Adrián Ravier, que asumió como vocero presidencial. Otra incidencia fue el minuto de silencio por el fallecimiento del padre de Martín Lousteau (Provincias Unidas), quien se presentó a la sesión para rechazar el Súper RIGI: "Esta iniciativa busca escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral y mermar la capacidad del ARCA".

En contraposición, desde el radicalismo mendocino Lisandro Nieri (UCR) argumentó su apoyo a que "hoy son récord a nivel mundial los subsidios a inversiones, sea subsidios directos, alivios impositivos o disminución de los costos de financiamiento. Hoy están en sus máximos históricos. "Esto apunta a que podamos atraer aquellos proyectos de escala mundial que estén viendo donde radicarse", añadió.

El proyecto de Súper RIGI para "nuevas actividades económicas" consiste en un marco de beneficios para proyectos que impliquen inversiones de al menos u$s1.000 millones, con un desembolso del 20% en los primeros dos años. Entre sus características se encuentran:

•     Plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley y estabilidad de 30 años con arbitraje internacional.
•     Reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%. El RIGI lo establece en 25%.
•     Prohibición a los distritos que adhieran de establecer gravámenes locales. Tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas.
•     Quebranto sin límite temporal.
•     Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
•     Exención de derechos de importación y exportación para bienes que se involucren con el plan de inversión.
•     Reducida contribución patronal al 10%.
•     Incentivo a la inversión y desarrollo, dado que cada dólar destinado a ese sector se computará doble para el compromiso de inversión necesaria de u$S1.000 millones.
•     Inversión en proveedores locales de al menos del 20% del total del proyecto.
•     Habilita la posibilidad de dicernir litigios en tribunales internacionales.

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