El Interbloque Frente Chaqueño presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara la emergencia hídrica, social, sanitaria, habitacional, vial y productiva en toda la provincia del Chaco, por un plazo de 180 días prorrogables. La iniciativa surge como respuesta a las intensas lluvias y anegamientos que en las últimas semanas afectaron gravemente a localidades como Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, El Espinillo, Miraflores y Presidencia Roque Sáenz Peña, entre otras.

El proyecto establece un marco legal para que el Estado provincial pueda actuar con urgencia y coordinación, garantizando asistencia inmediata a las familias damnificadas, restablecimiento de servicios públicos esenciales, continuidad educativa y apoyo a pequeños productores, trabajadores informales y comercios afectados. También crea un Comité Operativo de Emergencia Hídrica y Social, un Fondo Especial de Emergencia y un Registro Único de Damnificados para ordenar la ayuda y priorizar a los sectores más vulnerables.

Entre las medidas previstas se incluyen la habilitación de centros de evacuación, provisión de agua potable, alimentos y medicamentos, limpieza y saneamiento de canales, restitución de energía eléctrica y conectividad, asistencia veterinaria en zonas rurales y subsidios extraordinarios para reparación de viviendas y recomposición de núcleos habitacionales.

En materia productiva, se contemplan subsidios, créditos blandos y alivio fiscal para pequeños productores, cooperativas y microempresas, además de programas de recuperación de caminos rurales y obras de drenaje. Asimismo, se instruye a las empresas de servicios públicos Sameep y Secheep a suspender cortes por falta de pago y establecer protocolos de restitución prioritaria en zonas críticas.

El diputado Nicolás Slimel, uno de los autores del proyecto, destacó: “No se trata solamente de declarar una emergencia. Se trata de darle al Estado herramientas concretas para llegar a tiempo, sostener a las familias, preservar la salud pública, asegurar agua y energía, restablecer caminos y proteger el trabajo y la producción local”.

La iniciativa invita a los municipios a adherir y coejecutar medidas junto al Estado provincial, y establece que el Poder Ejecutivo deberá informar quincenalmente a la Legislatura sobre las acciones realizadas y los recursos comprometidos.