La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un dato clave luego de la declaración de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, las dos mujeres que financiaron la compra de uno de sus inmuebles. Durante su paso por Comodoro Py, ambas ratificaron la existencia de una deuda pendiente por 70 mil dólares vinculada a la operación del departamento ubicado sobre avenida Asamblea, en el barrio de Caballito.

Según trascendió de la testimonial, madre e hija confirmaron ante la fiscalía que otorgaron un financiamiento privado por 100 mil dólares y que, hasta el momento, resta cancelar una parte significativa del monto acordado. El dato se incorpora a la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, centrada en reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario y la modalidad bajo la cual se concretó la compra del inmueble.

La declaración de las prestamistas refuerza una de las líneas principales del expediente: determinar si la operación se ajustó a un acuerdo entre privados o si pudo haber servido para encubrir el verdadero origen del dinero. La fiscalía también analiza el valor declarado de la propiedad y las condiciones del crédito, en especial por tratarse de un funcionario de alto rango bajo investigación judicial.

El miércoles declararán otras dos mujeres vinculadas a la operación inmobiliaria. Se trata de las jubiladas que habrían vendido el departamento mediante un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses. En tribunales, la expectativa está puesta en reconstruir la trazabilidad de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las transacciones que forman parte del expediente.