Jorge Capitanich cuestionó el análisis de la variación de la pobreza en virtud de la política de ingresos. “Se dice, efusivamente, que 13 millones de argentinos dejaron de ser pobres”, situación que merece observaciones de carácter estructural desde la metodología de la medición.

Capitanich señaló que debido a la volatilidad macroeconómica histórica de la Argentina y a la elevada inflación no se puede tomar como parámetro estricto el nivel de ingresos para medir la pobreza. “Primero, por la inconsistencia de los registros desde el punto de vista administrativo, conjuntamente con las muestras metodológicas de la encuesta permanente de hogares. Segundo, porque también se plantea una observación desde el punto de vista de regiones, a nivel nacional y de cada una de las provincias, generando enormes inconsistencias, incluso entre provincias vecinas. No tiene ninguna razón hacer mención por 320 casos en una provincia respecto a la evolución de ese indicador en una provincia aledaña. Tercero, lo que objetivamente se produce desde el punto de vista de la encuesta de gasto de hogares. Las diferencias son estructurales en la medición respecto a 2004-2005 y 2017-2018”, explicó el Senador.

Capitanich agregó que existen asimetrías importantes en la composición de la canasta de bienes y servicios, muchos de los cuales han tenido incrementos sustantivos que afectan la medición. “Entonces, si hay inconsistencias en los registros administrativos, porque se contabilizan mecanismos de asignaciones no contributivas dentro de los ingresos, como la asignación universal por hijo o transferencias en materia de tarjeta familiar, eso establece índices de comparabilidad absolutamente asimétricos respecto del comportamiento en los últimos 15 o 20 años”.

“Las asimetrías entre registros administrativos y mediciones de encuestas, la estimación de gasto de hogares en distintos períodos y los cambios en los registros generan problemas de distorsión en el empalme de las series. Entonces, decir que Argentina bajó 13 millones de pobres es una falta de respeto a la gente”, agregó Capitanich. 

Señaló además que la situación económica está afectada por el aumento en el precio del transporte público de pasajeros, y la eliminación de subsidios (algunas jurisdicciones alcanzan el 1800%), panorama que explica que la tasa de inflación acumulada se haya duplicado en 26 meses. Además, mencionó el impacto negativo de los servicios públicos y la telefonía celular, que tienen un gran peso real pero una menor ponderación en la medición. 

Proyecto de ley para medir la pobreza multidimensional:
Para Capitanich la situación de la medición de la pobreza requiere un debate estructural en Argentina, por lo cual presentará un proyecto de ley para cambiar la medición. “La pobreza por ingresos no mide la realidad efectiva de las familias. Lo que debe medirse es la pobreza multidimensional”.
El Senador sostuvo que la pobreza multidimensional debe abarcar varios componentes.
La infraestructura social básica: “Cada familia debe tener un hogar sin hacinamiento, pavimento urbano, veredas, espacios verdes, cercanía a centros de salud, acceso a infraestructura escolar, agua potable, cloacas, fibra óptica y energía eléctrica. Argentina, en los últimos 50 años (1975-2025), invirtió 508.000 millones de dólares en infraestructura. Sin embargo, las asimetrías con América Latina son severas. La inversión regional alcanza entre el 4,4% y el 5,2% del PBI, generando una brecha de hasta 1,8 billones de dólares”. Para mejorar la estructura social básica se requieren “250.000 millones de dólares, con financiamiento de organismos multilaterales y mecanismos de articulación entre Estado y mercado”.
El segundo es un mayor acceso a los derechos y la calidad en su ejercicio. Se necesita un acceso a la salud y a la educación de calidad. 
El tercero, está referido a la pobreza por ingresos, lo cual requiere una adecuada ponderación de bienes y servicios y actualización de sistemas de medición.

Capitanich propone que la metodología de medición utilizada por el INDEC no esté afectada por la inestabilidad institucional y los cambios en el poder político. Por ello, considera que los sistemas de medición deben ser aprobados por una ley del Congreso de la Nación, y los responsables designados con acuerdo del Senado. 

Situación de las provincias
Capitanich también realizó un análisis sobre los recursos provinciales y cómo impactan en la situación social. “Las provincias argentinas han tenido una caída de aproximadamente un billón de pesos en el primer trimestre del año. Además, el presupuesto 2026 y la Ley de Modernización del Estado consolidan mecanismos de extracción de recursos. Esto implica la eliminación de impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales. Se generan desigualdades: los socios del gobierno reciben asistencia, mientras que otros son discriminados”. Esta situación redunda en un círculo vicioso de menor actividad económica, menor recaudación, un mayor déficit, y un deterioro general de salarios, lo que lleva a un amento en la conflictividad social. 

Además, señaló que una mirada federal del país da cuenta de una recesión y caída del consumo, un endeudamiento de las familias, y un aumento de los paros y conflictividad gremial en el sector público. 
“Lo que estamos haciendo es condenar al déficit estructural y financiero a las provincias, a no tener obra pública, (que tiene efecto multiplicador en el empleo), a generar una afectación tremenda del consumo masivo y eso impacta en la calidad de vida de los pueblos del interior de la República Argentina. El pueblo argentino padece incrementos desmesurados de servicios públicos, caída de recaudación, falta de inversión pública e impacto en la actividad económica, que endeuda a las familias y genera un caos social”, finalizó Capitanich.