Además, solicitó que se dicte medida cautelar innovativa para suspender las leyes mencionadas y dejar sin efecto el pago tarifario de peajes en las casillas del Chaco, dándose los presupuestos para tal medida.

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Así, el defensor del Pueblo señaló: “El Estado continúa a cargo de las obras con el aporte que realizamos los contribuyentes, como los altos impuestos que abonamos por cada litro de combustible”.

Cabe recordar un fallo del 2003 de la Auditoría General de la Nación, en el que se resolvió que “el Estado, con el dinero de los impuestos de toda la población, se encargará de construir nuevas carreteras y reconstruir las dañadas, mientras que los concesionarios siguen teniendo a su cargo el mantenimiento y prestación de servicios al usuario”.

Gustavo Corregido fundamentó la presentación judicial y dijo: “Desde 1990 los concesionarios cobran un peaje sin haber generado ningún cambio estructural. Nuestras rutas conservan una estructura básica idéntica a la de la década del 30 con calzada única angosta, tránsitos enfrentados que se cruzan a alta velocidad a escasos centímetros, con camiones y buses de doble piso gigantescos que a duras penas entran en la exigua calzada, sin banquinas pavimentadas, entre otras cosas. Todo esto es ejemplo de la escasa o nula inversión en el mejoramiento o modernización de la red vial”.

Por lo tanto, Corregido aseguró que “el financiamiento vial en corredores concesionados demostró ser un verdadero fracaso y un notable castigo para quienes transitamos por la red vial y para toda la comunidad”.

El ombudsman también consideró que “la Constitución Nacional es muy clara en sus mandatos respecto al derecho de todos los habitantes al ‘libre tránsito’, estas leyes atentan contra esos y otros artículos de nuestra Carta Magna y pactos internacionales”.

Para finalizar, expresó que “el impuesto/peaje repercute negativamente sobre el bolsillo de miles y miles de trabajadores. Se debe apuntar a la protección de sectores sociales más vulnerables y que la Constitución local prevé expresamente al promover "…el acceso a servicios públicos para los que tienen menores posibilidades””.