“El aborto es un dato de la realidad y el Estado debe intervenir, asegurando el acceso a la salud pública”, expresó Gustavo Corregido.

Además, agregó que “las mujeres que tienen la decisión tomada, más allá que compartamos o no las motivaciones, están convencidas y lo llevan a cabo de forma clandestina, bajo una gran cantidad de riesgos; es el derecho de ellas poder hacerlo de forma segura y gratuita”.

“Como sociedad debemos comprender la necesidad de respetar esa decisión, sin reproches y con el apoyo concreto del Estado desde la salud pública”, señaló Corregido.

El defensor del Pueblo también rescató además uno de los artículos del proyecto de ley que indica la atención pre y post aborto: “Las mujeres que tomen la decisión deben estar preparadas y contenidas y es bueno que sea el Estado quien otorgue ese beneficio”.

Así también resaltó los informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expresó que “tan importantes organismos se manifestaron a favor porque entienden que la penalización del aborto sólo suma al negocio ilegal de los abortos clandestinos, con altas tasas de mortalidad”.

Corregido recordó el “caso Belén”, donde una joven tucumana estuvo más de dos años presa por haber sufrido un aborto espontáneo  a lo que la Justicia caratuló de homicidio”. “Es el claro ejemplo de a lo que están expuestas las mujeres en Argentina con la penalización”, dijo. Sobre ese caso también se basó la ONU para solicitar la “descriminalización” del aborto en el país, y asegurar “la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.

Para cerrar, el ombudsman indicó: “Con la despenalización del aborto, Argentina será un país más justo”.