Gustavo Corregido se reunió y se solidarizó con los trabajadores chaqueños despedidos del SENASA y del ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar. El ombudsman emitió una recomendación dirigida a ambos organismos, pidiendo la urgente reincorporación de los empleados. Además anticipó que en caso de no recibir una respuesta favorable, acudirá a la Justicia.

“Estos despidos arbitrarios ponen en riesgo la salud de la población chaqueña al reducir el personal para el control y calidad de los alimentos que se importan y exportan. Además, también se limita el desarrollo de las actividades productivas con estas políticas de reducción de gasto que impone el gobierno nacional sin medir el peligro que implica para los argentinos tanto en sanidad como en la economía familiar”, advirtió.

En los últimos cinco meses despidieron 12 empleados de la dependencia del SENASA que funciona en la provincia y se contabilizaron 130 despidos a nivel nacional en el organismo. Los trabajadores detallaron a Corregido que los agentes despedidos se desenvuelven en áreas contables y administrativas de suma importancia y explicaron que la ausencia en esos puestos puede traer consecuencias fitozoosanitarias para el Chaco y la Argentina en su totalidad.

“Los empleados ven con preocupación la falta de presupuesto para llevar adelante las actividades en materia de protección vegetal y animal e inocuidad alimentaria. Temen por una posible tercerización de funciones que deje el control sanitario del Estado en manos privadas. Esto es grave porque el organismo juega un rol fundamental en la prevención de enfermedades zoonoticas como la triquinosis, brucelosis, leishmaniasis, entre otras”, especificó el defensor.

Corregido también tomó conocimiento de los casos en las dependencias de la Secretaría de Agricultura Familiar, que desde el año 2016 tiene frenados los recursos para apoyar los procesos productivos y una serie de despidos que a la fecha redujo un 35 por ciento el personal necesario para el desarrollo integral de los agricultores familiares.

El defensor graficó la situación con el ejemplo que presentaron los empleados: “Ya en el 2016 se despidieron a nueve empleados y se frenaron los proyectos productivos además de dejar sin movilidad a tres zonas de la provincia, esto tuvo consecuencias directas como la disminución de la producción y de la diversificación, lo que lleva a menor abastecimiento local que se traduce en aumentos de precios al consumidor”, contó.

Los despidos en este sector implicaron desarticular y dejar sin apoyo técnico a cooperativas productivas, falta de acceso a recursos estatales como el monotributo social agropecuario o los proyectos especiales pro huerta o leyes como la ovina o caprina, además de dejar a productores y trabajadores sin accesos a derechos como la obra social o los aportes jubilatorios, entre otros.

Ante esa situación, la Defensoría intenta intermediar para que el Estado nacional se ocupe de garantizar el normal funcionamiento de la dependencia chaqueña del SENASA y la Secretaría de Agricultura familiar. “Las medidas denunciadas por los empleados son parte de un proceso de desmantelamientos de las estructuras oficiales que atenta tanto contra la salud como contra la economía de los chaqueños. Es urgente la regularización de la situación de los trabajadores y de los recursos necesarios para salvaguardar la sanidad vegetal, animal y humana en la provincia y sino será necesaria la intervención de la Justicia para resguardar derechos fundamentales de la población”, concluyó.