Según aseguraron los letrados mediante un comunicado, el DNU "quiebra la división de poderes al pretender la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder legislativo con la finalidad de achicar el Estado para agrandar los negocios". Ahora será el juez Ariel Lijo, del juzgado criminal y correccional federal 4, con la intervención del fiscal Ramiro González, los que deberán definir el futuro de la acusación.

Asimismo, en la denuncia destacan que tanto Macri como Marcos Peña y todos los ministros del Gabinete realizaron una "violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional", y agrega: "El propio Presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU".

En tanto, el escrito, que cuenta además con la firma por referentes del kirchnerismo, como Nilda Garré, Alicia Castro, Mempo Giardinelli, Atilio Borón y Florencia Santout; asegura que "no están dados" los requisitos de admisibilidad ni las materias que pueden ser abordadas por los decretos de necesidad y urgencia. Es por eso que destacan que puede aplicarse "lo preceptuado por el primer párrafo del art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional", donde "el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo".

En ese sentido, explica que "entre las materias vedadas para la emisión de DNU, conforme el texto constitucional, se encuentran la penal y la tributaria, siendo que el DNU 27/2018 inficiona ambas materias", es por eso que "este obrar del conjunto del PEN comporta un severo quiebre del sistema y doctrina del Estado de Derecho, cuya piedra basal es la división de poderes".

Para finalizar, el documento señala que "la presentación judicial invoca al artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y cuyo último párrafo reconoce el derecho de los ciudadanos a resistir los actos que lesionen esa supremacía", al tiempo que asevera que invoca el artículo 23 del Código Penal  y solicitan "la inmediata suspensión de la entrada en vigencia del DNU 27/2018, a fin que este grave delito institucional no se consume, habilitando la feria judicial a tal efecto". 

El Intransigente.