Este artículo pretende desnudar el espíritu de las reformas tributarias, laborales y previsionales del gobierno de Macri quien mediante extorsión política, mediática y financiera pretende socavar los ingresos de las provincias y municipios.

Nosotros no podemos aceptar una reforma laboral que contempla la extensión de la jornada laboral de 8 a 10 horas con la generación de un banco de horas extras compensable en el futuro. Esto sería un retroceso descomunal para la clase trabajadora mundial que después de 140 años de luchas populares vuelve al punto de partida.

Nosotros no podemos aceptar los mecanismos de “blanqueo laboral” que extingue la acción penal privilegiando a quienes violan sistemáticamente las leyes, pues es preciso admitir una cuestión de fondo. El famoso “costo laboral” que deben pagar los empresarios son las contribuciones equivalentes al 16 % del salario nominal, el resto son aportes de los trabajadores que el empleador descuenta.

Nosotros no podemos admitir la exclusión de remuneraciones que integran la liquidación de la indemnización (horas extras y otros emolumentos) pues esto significa una reducción de lo estipulado en los artículos 245 y 247 de la ley de contrato de trabajo y una reforma fáctica con flexibilización.

Tampoco es admisible la estrategia de fijación de las cargas sociales con distribución geográfica pues el desfinanciamiento del sistema de seguridad social no se compensa con el estímulo del 4,4 % para la provincia de Chaco.

Pero lo cierto es que en Brasil hay una protesta social fuerte, que es posible que en 2018 se derogue integralmente y que está demostrado objetivamente la inexistencia de una correlación entre reducción del “costo laboral” con generación de empleo ni con la elasticidad de la curva.

La generación de empleo depende de la actividad económica, ésta depende del consumo y de las inversiones para aumentar la oferta  a los efectos de impedir un traslado a precios. La reducción de costos implica apropiación del excedente por parte del empresario que usualmente no invierte si no que especula financieramente mediante el sistema financiero local o mediante la fuga de capitales en forma sistemática.

No se puede cortar el hilo por lo más delgado que en este caso es el pueblo trabajador, aun cuando admitamos la necesidad de articular un nuevo modelo de incentivos para la generación de empleos dentro de las cadenas de valor integradas internacionalmente.

Los 145 artículos del borrador del proyecto de ley establecen estrategias en contra de los intereses de los trabajadores.

La reforma tributaria empezó con un embate a las bebidas alcohólicas y gaseosas que por presiones de economías regionales y empresas multinacionales fueron borradas de un plumazo. La reducción del 35 % a 25 % del impuesto a las ganancias por reinversión de utilidades, o la valuación de activos y los mecanismos de financiamiento del impuesto al cheque para la Anses merece una firme oposición pues sigue concentrando ingresos en la provincia de Buenos Aires y CABA en detrimento del interior del país.

Esta reforma da todo para Nación y recorta ingresos para las provincias y municipios. La pretendida reforma del impuesto a los ingresos brutos no tiene compensación posible y pretende inducir el ajuste a las provincias.

La mal denominada “reparación histórica para jubilados”, que no es reparación y mucha menos histórica, lo que hizo fue aumentar el desfinanciamiento para justificar el ajuste de 14.6000 M de pesos propuesto por el cambio de fórmula. La pregunta es: ¿Y dónde quedaron los defensores del 82 % móvil, y los que fustigaban la fórmula del cálculo de la movilidad jubilatoria?

Todas las reformas que impulsaron lo hicieron en beneficio de las empresas multinacionales y los ricos del país: a) reducción y/o eliminación de retenciones al sector agroexportador con menor impacto en economías regionales, b) eliminación de retenciones mineras, c) blanqueo sin coparticipación, d) devolución del 15 %  de coparticipación en cuotas, e) reducción y/o eliminación de impuestos internos a vehículos de lujo, consumos suntuarios que afectan recaudación, f) reducción drástica de impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico, g) aumento sistemático de tarifas para licuar ingreso disponible de familias y aumentar la tasa de ganancias de las empresas.

Ahora siguen con “flexibilización laboral”, reducción de ingresos a jubilados, pensionados y AUH, especificación de dos categorías de jubilados y pensionados con reducción del 20 % de ingresos, eliminación de tributos y/o reducción, menores transferencias a provincias y desquicio en las cuentas públicas.

Ninguna de estas reformas se traduce o se traducirá en resultados positivos. Ya lo vivimos en la década del 90. No dan resultados.