El Gobierno estaría dispuesto a descartar los exhortos de la Justicia al presidente Mauricio Macri sobre información acerca de sus cuentas en Panamá y Uruguay.

 

"No surge con claridad la descripción precisa de los hechos imputados por el juez Sebastián Casanello", afirman desde la Cancillería.

 

El Gobierno advirtió que los pedidos de informes a Panamá y Uruguay sobre una empresa creada  en el país centroamericano podrían fracasar, dado que las autoridades extranjeras estarían habilitadas para requerir "aclaraciones" o devolver los exhortos, informaron fuentes judiciales.

 

"Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos imputados -de acuerdo a lo establecido en el artículo 26.a- y esto determina la posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud, requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación", dice la nota 6583/16 de la Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de Cancillería del 15 de junio pasado.

 

Es que el juez Sebastián Casanello intenta recolectar información sobre la sociedad Foxchase Trading S.A., compañía creada en Panamá el 10 de diciembre de 2012 y que, con otra que tiene domicilio en Uruguay, controlaron "Macri Investment Group" (MIG), la firma sobre la que el Presidente declaró en 2014.

 

Foxchase está mencionada porque MIG da sus acciones para constituir "Global Collection SA", vinculada a Global Collection Do Brasil, a la que ingresa "Fleg Trading", la empresa off shore que está siendo investigada en el marco de los Panamá Papers.

De todas maneras, las solicitudes de asistencia dirigidas a Uruguay y Panamá han sido remitidas a las respectivas Autoridades Cenrales, según se confirmó en tribunales.