Esto se debe a que las líneas interurbanas dependen del gobierno provincial y las urbanas, del municipal. La convivencia de dos tarifas aparece como un foco de conflicto debido a varias cuestiones: el perjuicio a las empresas que perderían pasajeros en recorridos comunes entre colectivos urbanos e interurbanos. Pero también por la afectación del servicio que podría generarse a partir de este éxodo de usuarios.

En medio de este panorama y las complicaciones de caso, el defensor del pueblo, Gustavo Corregido, cuestionó la posibilidad de que Resistencia se sume a esta equiparación salarial. “Se debe adecuar el precio a las distintas variables que hay en la ciudad, como los recorridos que realizan los colectivos. No se puede equiparar el monto sin el estudio de costos correspondiente y la audiencia pública”, indicó días atrás.

Corregido avisó que por ser distintos los recorridos y la cantidad de pasajeros, no se puede aplicar el estudio de costos provincial y la audiencia pública respectiva, a los colectivos urbanos. Y además puso de relieve que el Superior Tribunal de Justicia falló a favor de un amparo suyo presentado tiempo atrás donde “se dictaminó la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública previo al aumento de tarifas”.

“Adecuar la tarifa del transporte público urbano sin realizar un estudio de costos propio es ir en contra de la autonomía del municipio y dejar de lado puntos específicos que son característicos de la ciudad, además de nuevamente no tener en cuenta la opinión de los habitantes que son quienes utilizan el servicio y lo mantienen vivo”, opinó oportunamente.

Lo cierto es que, mientras se espera saber qué posición adoptarán los concejales de Resistencia frente a la posibilidad de equiparar la tarifa y las respectivas críticas de Corregido, desde hoy las líneas 101, 104, 107, 110 y 111 cobrarán $ 4.50. En paralelo, las líneas 2, 3, 5, 8, 9 y 12 venderán boletos a $ 4.